Aprobado el proyecto de ley de evaluación ambiental

El pasado 30 de agosto el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobó la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental.
La norma propugna como objetivos:

• Reforzar la protección del medio ambiente, minimizando los impactos ambientales de los planes, programas y proyectos que se llevan a cabo en todo el país.
• Agilizar y simplificar los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, al emplear un esquema similar para ambos (procedimiento ordinario y simplificado) y homogeneizar su terminología.

Por ello, y para dotar a la evaluación ambiental de mayor agilidad, se determinan con mayor precisión los trámites de los procedimientos administrativos y se ajustan los tiempos de tramitación, especialmente en la evaluación de impacto ambiental ordinaria, cuyo plazo será de 4 meses, evitando dilaciones de difícil justificación desde el punto de vista ambiental.

Asimismo, el proyecto de ley trata de favorecer el uso de las nuevas tecnologías en los procedimientos de evaluación ambiental, con la obligación de que los órganos sustantivo y ambiental publiquen en sus sedes electrónicas algunos de los documentos que se generan a lo largo de las tramitaciones.

• El proyecto de ley establece un modelo básico de evaluación ambiental para lograr la homogeneización de la normativa en esta materia en todo el territorio nacional.
  En consideración a su complejidad técnica, se proporciona a las Comunidades Autónomas un plazo de un año para adaptarse a sus preceptos o para que procedan a hacer una remisión general a esta norma.
• Otra de las novedades de la ley es la creación de bancos de conservación de la naturaleza, un instrumento de carácter voluntario que puede utilizarse para compensar o reparar la pérdida de biodiversidad que se produce como consecuencia de la ejecución de los proyectos con impactos ambientales o de la aparición de daños medioambientales derivados de las actividades económicas susceptibles de generar responsabilidad medioambiental.